Actualización de la Ordenanza reguladora del programa de prestaciones municipales

El origen del Programa de Prestaciones Municipales data del año 1985, fecha en que se produce un auténtico despegue de los Servicios Sociales Municipales cuyo mayor refrendo es la dotación presupuestaria y una nueva estructura organizativa. El Programa nace ante la necesidad de dar respuesta a las personas con carencia de recursos económicos sin cobertura por otros sistemas de protección social (pensiones, subsidios de desempleo, etc.) lo que le otorga un carácter de complementariedad.

Es el 17/09/1999 cuando entra en vigor la primera Ordenanza Reguladora del Programa de Prestaciones Municipales, que recoge la normativa de la concesión de las prestaciones municipales por el Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública.

Cambios legislativos

El desarrollo legislativo ha hecho necesario adecuar el Programa de Prestaciones Municipales con una nueva ordenanza. Para la elaboración de la presente ordenanza se han tenido en cuenta los siguientes cambios legislativos:

  • La Ley 12/2008 de 5 de diciembre, de Servicios Sociales
  • La Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social
  • Decreto 147/2010 de 25 de mayo de la Renta de Garantía de Ingresos.
  • La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

En el año 2016 el Departamento acometió la labor de revisión de la antigua ordenanza, de forma participada por técnicos de diferentes perfiles profesionales y de todos los servicios del Departamento. Finalmente, la propuesta de ordenanza se presentó al debate político y los consiguientes trámites administrativos de aprobación.

Desde el 23 de junio de 2017 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de una nueva Ordenanza reguladora del programa de prestaciones económicas municipales del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública(Se abre en una ventana nueva) que actualiza la anterior ordenanza de 1.999 y que pretende:

  • Apoyar a aquellas personas y unidades de convivencia que carecen de recursos económicos suficientes para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, vivienda, alojamiento, vestido, educación y formación, atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos.
  • Prevenir y evitar las consecuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad.
  • Favorecer la integración de las personas y familias en su entorno comunitario.

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